El reciente anuncio del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sobre el incentivo al uso de dólares no declarados encendió una señal de alarma en Santa Fe. Mientras la Casa Rosada apuesta por reactivar la economía apelando a los activos que millones de argentinos aún esconden "bajo el colchón", el gobierno de Maximiliano Pullaro se posicionó con firmeza: no está dispuesto a que esa apertura termine siendo una autopista para las finanzas del narcotráfico.
La respuesta santafesina no tardó en llegar. Con el antecedente de haber sido epicentro de la violencia narco en los últimos años, la provincia anunció la creación de un comité interministerial para impedir que las organizaciones criminales aprovechen el blanqueo informal. “No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente”, advirtió sin rodeos el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
El dilema del uno por ciento
Tanto Cococcioni como su par de Economía, Pablo Olivares, reconocieron que el espíritu de la medida nacional —inyectar dólares en la economía formal sin penalización ni impuestos— puede beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. Pero subrayaron que hay un "uno por ciento" de potenciales beneficiarios que no pueden ser ignorados: los que financian delitos, compran armas, pagan sicarios o lavan ganancias del narcotráfico.
“Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de dinamizar la economía, pero también tenemos que mirar el riesgo”, dijo Olivares. En concreto, Santa Fe busca evitar que ese uno por ciento eche raíces más profundas en el circuito legal, utilizando los beneficios del blanqueo como pantalla para expandir su influencia.
Para enfrentar ese riesgo, el gobierno santafesino activará un programa de disrupción patrimonial y financiera. La estrategia está centrada en el seguimiento y bloqueo de movimientos económicos de personas y grupos vinculados judicial o administrativamente a la criminalidad. Se articulará desde la Subsecretaría de Inteligencia y la Dirección Provincial de Información Patrimonial, y combinará datos judiciales, administrativos y financieros en tiempo real.
Las medidas incluirán, por ejemplo, impedir que personas bajo investigación por narcotráfico inscriban sociedades comerciales, compren inmuebles o accedan a habilitaciones del Estado provincial. “Podemos llenar de patrulleros las calles, construir cárceles, pero si no desmantelamos el poder económico del crimen organizado, esta guerra siempre va a estar incompleta”, sostuvo Cococcioni.
Un Estado con escáner
Santa Fe ya había marcado su disidencia durante el blanqueo anterior, cuando exigió un impuesto del 2% sobre los activos regularizados superiores a 100.000 pesos. Entonces, la consigna fue clara: “Los que vienen con la plata del blanqueo no son héroes, en Santa Fe les vamos a pasar el escáner”. Ese enfoque ahora se refuerza.
Cococcioni insistió en que no se trata de medidas penales, sino de acciones administrativas con base legal. “No estamos sancionando, sino posponiendo o bloqueando servicios del Estado hasta que se justifique el origen de los fondos. Si hay sospechas fundadas, se restringe el acceso”, explicó.
La preocupación santafesina se potencia ante lo que consideran una relajación peligrosa en los controles nacionales. “Estas medidas son para quienes no ingresaron al blanqueo anterior. Nos imponen la obligación de estar más atentos que nunca”, advirtió Olivares. El trasfondo político es evidente. Mientras Nación ofrece incentivos sin mayores filtros, Santa Fe refuerza su autonomía en materia de seguridad y control económico. El conflicto entre necesidades fiscales y prevención del delito se vuelve así un nuevo campo de tensión entre los gobiernos provincial y nacional.
Narcodólares bajo la lupa
En definitiva, la decisión de Santa Fe apunta a evitar que la estrategia de Caputo —vender el blanqueo como “una reparación histórica” para los tenedores de dólares fuera del sistema— se convierta en un caballo de Troya para las organizaciones criminales. La advertencia es clara: todo billete que quiera entrar en el circuito legal será escaneado si proviene de una zona gris.
“Tenemos que compatibilizar el objetivo económico con el deber de proteger la seguridad pública”, concluyeron los ministros. La provincia que más ha sufrido la violencia narco parece decidida a que, esta vez, el dinero no corra sin control. Y que los dólares, aunque vengan del colchón, no puedan comprarse la impunidad.
por R.N.
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