Ante la crítica situación que atraviesan muchas instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño anunció una serie de medidas de apoyo económico e impositivo para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar el cierre de centros fundamentales para la vida cotidiana de miles de personas. La decisión responde a un escenario de emergencia generado por el retraso y la falta de actualización de los aranceles que abona el Gobierno nacional, así como por el fuerte aumento de los costos laborales que presionan a estas organizaciones.
En concreto, se otorgará un subsidio extraordinario del 24% de los ingresos mensuales, distribuido en dos cuotas, a 142 instituciones que prestan servicios de alta intensidad de apoyo. Este grupo incluye Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares y Residencias que asisten a personas con discapacidad. La inversión estimada para esta medida asciende a $1.777 millones y tiene como objetivo central contribuir a que ninguna de estas instituciones se vea obligada a cerrar sus puertas, lo cual afectaría directamente a sus beneficiarios y familias.
Además del auxilio económico directo, el Ejecutivo de la Ciudad enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contempla la exención del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos y la condonación de deudas fiscales a todas las instituciones categorizadas que trabajen de forma exclusiva con personas con discapacidad. Esta medida busca aliviar la presión tributaria sobre un sector que, en muchos casos, funciona al límite de su sostenibilidad financiera.
En paralelo, el Gobierno porteño también incrementará la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, una herramienta que otorga financiamiento a organizaciones sin fines de lucro vinculadas con la temática de discapacidad. Esta ampliación permitirá ampliar el alcance del apoyo estatal a una red más amplia de entidades que cumplen un rol clave en el acompañamiento, la inclusión y la atención de personas con discapacidad en diferentes etapas de la vida.
Estas decisiones se inscriben en una estrategia de contención frente a un contexto nacional adverso, en el que la falta de actualización de los aranceles que se pagan a los prestadores ha puesto en riesgo el sostenimiento del sistema. Frente a ese vacío, la Ciudad busca garantizar que no se interrumpan servicios esenciales ni se vulneren derechos básicos de una población que necesita asistencia permanente y de calidad.
Con esta intervención, el Gobierno porteño reafirma su compromiso con las políticas de inclusión y cuidado, apostando por el acompañamiento institucional y financiero de un entramado de organizaciones que, con enorme esfuerzo, sostienen día a día el trabajo con personas con discapacidad.
por R.N.
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