La mañana del lunes 20 de mayo quedará grabada como una de las más dramáticas desde el inicio del mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Apenas comenzaba su tradicional conferencia matutina cuando el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, irrumpió el protocolo habitual.
Con rostro tenso, le mostró algo urgente en su celular. Tras unos minutos de tensión y murmullos entre funcionarios, Sheinbaum detuvo la rueda de prensa para confirmar una noticia devastadora: la mano derecha de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y uno de sus asesores más cercanos, habían sido ejecutados a plena luz del día en una avenida transitada de la capital.
Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, asesor político de su círculo íntimo, fueron asesinados mientras abordaban una camioneta en la calzada de Tlalpan. Un sicario en motocicleta les disparó sin mediar palabra y huyó en segundos. No hubo robo, ni forcejeo, ni confusión posible: fue una ejecución directa, premeditada, en el corazón urbano del país.
La escena, filmada por cámaras de seguridad y observada por múltiples testigos, impactó de inmediato en todos los niveles del poder mexicano. El atentado fue más que un crimen: fue un mensaje al Estado.
Responsables
Ambas víctimas tenían roles estratégicos. Guzmán manejaba la agenda y tenía influencia transversal en el gobierno de la ciudad, mientras que Muñoz, con años de trabajo junto a Brugada, era una pieza clave del armado político de su jefa. Su muerte no solo representa una pérdida emocional y operativa para la alcaldesa, sino que constituye un desafío directo a su gestión y, por extensión, a la estructura política que Sheinbaum lidera a nivel nacional.
El gobierno federal reaccionó con rapidez: Harfuch abandonó el recinto de la conferencia, se activaron los protocolos de emergencia y militares se desplazaron al lugar del atentado. La Secretaría de la Defensa ya investiga el crimen como un posible atentado vinculado al narcotráfico. Tres hipótesis dominan por estas horas las investigaciones. La primera apunta a un grupo criminal que opera en el Centro Histórico de la Ciudad de México, relacionado con el ambulantaje, la trata de personas y el narcotráfico. Este grupo ya había sido vinculado a un atentado anterior contra la dirigente Diana Sánchez Barrios en 2023.
La segunda línea sugiere un posible ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización que ya intentó asesinar a Harfuch en 2020 y que ha sufrido en las últimas semanas detenciones clave en la capital. La tercera hipótesis involucra a la Unión Tepito, una red delictiva que ha estrechado vínculos con el Cártel de Sinaloa, otra organización presionada por el gobierno federal y que recientemente perdió operativos importantes en Azcapotzalco y el centro de la ciudad.
Alertas
Aunque aún no hay certezas, el crimen no parece responder a una lógica común. La planificación, la elección del lugar, la precisión del ataque y la identidad de las víctimas indican que no se trató de un hecho aislado ni improvisado. Todo apunta a una acción simbólica, dirigida a exponer la vulnerabilidad del gobierno y a desafiar la capacidad de control del Estado en la capital del país. Si el crimen organizado puede matar con impunidad a figuras clave del poder local en zonas custodiadas y bajo el ojo del C5, ¿qué impide que lo haga en otros niveles o con otros blancos?
El antecedente más cercano lo encarna el propio Harfuch, blanco de un atentado con armas largas en 2020, del que sobrevivió con heridas graves. Aquel episodio reveló hasta qué punto los cárteles pueden actuar en zonas estratégicas de la Ciudad de México. El nuevo ataque no hace más que confirmar esa capacidad, pero con una diferencia crucial: ahora Sheinbaum es presidenta, y Brugada es su figura de confianza en la capital. Golpear allí tiene una lectura política inevitable: no solo se busca amedrentar, también se pretende demostrar que el poder formal está siendo desafiado por actores con recursos, logística e inteligencia.
El crimen, además, tiene una proyección internacional. En Estados Unidos, congresistas republicanos han reclamado operaciones militares en territorio mexicano para combatir a los cárteles. Un atentado como este alimenta esa narrativa y presiona a México a mostrar resultados rápidos. La posibilidad de una intervención estadounidense, aunque aún remota, gana tracción con cada crimen de alto perfil. Por eso el Ejército mexicano ha tomado el control inmediato del caso, no solo por razones de seguridad interna, sino para evitar que el vacío de autoridad sea llenado desde el exterior.
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por R.N.
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